La Conferencia-coloquio impartida en la Casa de Cultural de Trobajo del Camino, en San Andrés del Rabanedo (León), sobre el "Presente y Futuro de la Sanidad Pública" a cargo del Doctor D. Alberto del Pozo, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el jueves 20 de diciembre de 2007, organizada por la Asociación Mujer y Revolución en colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y presentada por Dª. Laura Fernández, Presidenta de la Asociación Mujer y Revolución, se centró en el análisis del lento, pero progresivo, proceso de privatización a que está siendo sometida la sanidad pública, uno de los servicios públicos más valorados por la ciudadanía.Las últimas noticias que aparecen cada vez reflejan más este proceso: "Una empresa privada gestionará el millón de historias clínicas de pacientes leoneses", "Las listas de espera quirúrgicas aumentan un 31% en tres años; uno de cada tres pacientes en espera de la comunidad es de León"; etc.
Sin embargo, las investigaciones reflejan que este servicio público es uno de los mejor valorados: "El Sistema Nacional de Salud es la 'joya' de la corona del estado del bienestar y así lo aprecia la sociedad española, cuyo grado de satisfacción es alto y mejora cada año. Casi el 70% de los ciudadanos concede buena nota a la atención sanitaria que recibe y la que está a disposición de todos. Pero hay 'puntos negros'. Los que más quejas concitan, las listas de espera y, en menor medida, las desigualdades que se perciben entre las prestaciones sanitarias de unas comunidades autónomas y otras". Listas de espera interesadas, como explicaba el Dr. del Pozo, puesto que el recorte presupuestario y la infradotación de personal médico, consecuencia del mismo, lleva a que haya cada vez más listas de espera que crean un clima generalizado de protesta contra el servicio público y una "deriva" hacia la sanidad privada que es atendida por los mismos profesionales pero sin esas demoras.
Lo sorprendente es que la privatización de estos servicios públicos no sólo suponen una grave quiebra de la atención y garantía de los derechos sociales básicos de la ciudadanía por parte de laadministración pública, sino que ni siquiera son menos costosos: "Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2006 concluye que "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales de gestión y financiación pública". El estudio de la OMS analiza decenas de experiencias en todo el mundo, especialmente de los países con más tradición privatizadora, como el Reino Unido y Canadá. Y concluye que la iniciativa privada es más cara porque el dinero público sirve para financiar los mayores costes financieros que soportan las empresas privadas y el reparto de dividendos a accionistas. Pero la OMS introduce un tercer motivo: la ingente cantidad de recursos públicos que los Gobiernos tienen que destinar al rescate de los hospitales de gestión privada cuando quiebran".
Esta situación es la que quiere seguir analizando la Asociación Mujer y Revolución en el Municipio de San Andrés del Rabanedo a partir de la conferencia que impartió el Dr. D. Alberto del Pozo, puesto que es un tema que afecta a toda la ciudadanía y también a las mujeres de este municipio que se ven profundamente perjudicadas por un proceso de privatización que también está afectando a la sanidad pública de San Andrés del Rabanedo.
Un ejemplo de este proceso lo tenemos ya en el la Comunidad de Madrid donde los nuevos hospitales privatizados (concesión de su construcción, gestión y explotación a grupos de empresas privadas durante 30-60 años, así como titularidad privada de la infraestructura) empiezan ya a ganar dinero sin atender a pacientes. Su apertura estaba planificada para la primavera de 2007, aún no han sido abiertos y las empresas propietarias han comenzado a ingresar beneficios, sin poner en marcha a los hospitales y sin prestar servicios a la población, ya que sin atender ni a un solo paciente, han cobrado el canon correspondiente al año 2007: 54 millones de € -alrededor de 9.000 millones de las antiguas pesetas-. Esta astronómica cantidad, “regalada” a las empresas privadas, al parecer para que comiencen a repartir beneficios este fin de año entre sus accionistas, es una cantidad similar al coste de obra y equipamiento básico del hospital de Aranjuez (el más pequeño de todos), que ya podría ser público si se hubiera destinado este dinero a pagar dichos costes, y no a los bolsillos de los inversores.
El AGCS (Acuerdo General sobre Comercio y Servicios) de la OMC obliga a los gobiernos a reducir las regulaciones internas que impidan o limiten la implantación de hospitales y servicios sanitarios privados. Este acuerdo puede anular unilateralmente las normativas estatales de los diferentes países que la integran y sancionar a quienes no cumplan sus acuerdos y resoluciones. Además, el AGCS establece todo un conjunto de medidas dirigidas a subcontratar servicios (limpieza, cocina, mantenimiento, historias clínicas, etc.), introducir la gestión privada en los hospitales públicos o potenciar los seguros privados[1].
Se pretende así cambiar la actual orientación de los servicios sanitarios destinada a satisfacer las necesidades de salud de la población por otra dirigida a obtener beneficios económicos privados. Es lógico, dentro de esta filosofía, que “ante un problema primordial de salud como es la cardiopatía isquémica, el sistema de prioridad a la trombolisis, la angioplastia o la cirugía coronaria, mientras coloca en segundo plano a la dieta, el ejercicio físico o la aspirina, que son las medidas más efectivas y de menor coste” (Ponte, 2005, 185). De esta forma, ya no se trata de entrar en el fondo de los problemas reales de salud, pues el propósito es abrir vías para el mercado, orientando la sanidad hacia las transacciones comerciales y el beneficio económico y no hacia la satisfacción de las necesidades humanas, especialmente de las personas más enfermas y con más necesidades de cuidados, que son las que reportan menos beneficios y las que peor encajan en las reglas del mercado.
Se recurre para ello al “mito interesado” de que los sistemas sanitarios públicos son incapaces de producir servicios sanitarios de manera racional y la gestión pública, se mire por donde se mire, es ineficaz.
Se argumenta que es necesario rebajar los costes fomentando la competencia de precios entre los proveedores (que basan la reducción de los costes en la rebaja de los salarios y la precarización de los tipos de contratos de sus empleados y empleadas). La gestión privada se dice “es más eficiente”, introduciendo racionalidad administrativa que subordina las decisiones clínicas a los criterios de costes-beneficios. Se pasa, así, de la concepción de paciente a la de cliente.
Las consecuencias son obvias: “deterioro de las condiciones laborales de los profesionales que conduce a la frustración profesional; el predominio de los criterios económicos sobre los asistenciales en la atención a los pacientes, que conduce a la discriminación de los grupos de población más vulnerable y que más necesidad tienen de utilizar los servicios sanitarios (personas enfermas crónicas, población anciana, personas discapacitadas, etc.); el abandono del carácter social y redistributivo de los servicios de salud; y el incremento de los costes administrativos: más gerentes, más burócratas para facturar, cobrar, etc., los servicios prestados. La reducción del gasto público se está realizando a costa de disminuir asistencia y costes laborales, lo que está deteriorando la red sanitaria pública y la calidad de la asistencia. (…) Como consecuencia del deterioro asistencial, el aumento de las listas de espera, la masificación de las consultas o el recorte de las prestaciones gratuitas (copago), la población se ve obligada, cada vez más, a recurrir a la sanidad privada” (Martín, 2005, 447).
Se abandonan las políticas de prevención primaria, de autocuidado, de higiene laboral, ambiental o mental o de promoción de la salud. Se invierten sumas millonarias en genoma o cáncer y se da un manifiesto subdesarrollo de los servicios de salud pública, que en la estructura del gasto sólo llega al 5% del total presupuestario. Las consecuencias de esto es un incremento de los beneficios empresariales y una menor protección social (Ponte, 2005a, 337).
Es ilustrativo, en este sentido, el caso del hospital de la Ribera de Alcira en Valencia (España), donde se cargan los gastos a los erarios públicos y los beneficios se los embolsan las empresas privadas en el mundo de la sanidad. En 1999 la Consejería de Sanidad entregó la gestión de la comarca de la Ribera –250.000 habitantes– a una Unión Temporal de Empresas compuesta por Adeslas, Bancaja, CAM, ACS, Dragados y Lubasa. La inversión en el hospital se había presupuestado en 41 millones de euros y al final costó 72 millones. La asistencia a la población de esta comarca la costearía la Consejería a través de un canon por habitante que se tuvo que elevar debido a la ausencia de beneficios. El gasto en farmacia o las desviaciones presupuestarias las asumiría también la Consejería. Aun así, entre el año 1999 y el 2002 se reconocieron unas deudas de 5,24 millones de euros. La Consejería no “tuvo más remedio” que rescindir el contrato con la UTE asumiendo las pérdidas y pagándolas con dinero público y, acto seguido, abonar a la UTE el importe de la inversión realizada, que ascendió a 43,9 millones de euros, más –en concepto de “lucro cesante”[2]– otros 25,4 millones de euros. El propio Tribunal de Cuentas Valenciano censuró dicha indemnización. Después de esos años de atención sanitaria, no ha disminuido la masificación, ni las listas de espera y, sin embargo, se envían al resto de la red pública los pacientes con procesos más costosos y crónicos mientras se admite hasta el límite de la ocupación a pacientes de fuera de la comarca, a quienes se les factura aparte y en mayor cuantía (Diagonal, 2005, 12 al 25 de mayo, 35).
Mientras, la población del Sur sólo es considerada como “cobayas” para experimentos de los productos destinados principalmente a la población de los países enriquecidos, reduciendo requisitos y costes para su realización y que, además, disponen de una población más dócil, desesperada a causa de la falta de infraestructuras sanitarias locales; población que, una vez comprobados los efectos del producto sobre ella, carece de la capacidad económica para su adquisición[3] (Rey y Rey, 2005, 238).
Estos ensayos clínicos no respetan, en muchas ocasiones, ni la ética ni la seguridad de los pacientes: falta de consentimiento de las personas, información y control terapéutico insuficientes, escaso beneficio para la persona enferma y para la población en general[4]". (Extracto del libro La Globalización Neoliberal y sus repercusiones en la educación" (pgs. 174-178).
[1] El gasto sanitario privado en relación con el PIB ha subido en el 70% de los países de la Unión Europea y el mayor incremento corresponde a España (64,4%). Se externalizan (contratando su servicio a una empresa privada) la mayoría de los servicios –limpieza, laboratorios de análisis, atención domiciliaria, etc.– llegando, incluso, al núcleo básico de la atención sanitaria pública (servicios médicos y de enfermería). Por ejemplo, en España el sistema hospitalario público subcontrata con el sector privado entre el 15% y el 20% de la provisión hospitalaria total, con la excepción de Cataluña, en donde la contratación externa es mucho mayor, dos tercios del total.
[2] Beneficios estimados, esperados por la empresa en su gestión, y no obtenidos.
[3] El argumento es tan manifiesto que ha merecido la atención de un novelista de la popularidad de John Le Carré, que le ha dedicado su novela titulada El jardinero fiel, llevada posteriormente a las pantallas de cine.
[4] En 2004 y 2005 se suspendieron en Camboya, Camerún y Nigeria las pruebas clínicas del Tenofovir®, un antiviral, a causa de graves faltas éticas. Esos experimentos, financiados por el gobierno de Estados Unidos y por la fundación BilI y Melinda Gates, sin embargo continuan en Tailandia, Botswana, Malawi, Ghana y Estados Unidos. En 1996 las pruebas del test del Trovan®, un antibiótico destinado a combatir la meningitis, del laboratorio estadounidense Pfizzer, sobre un total de doscientos niños y niñas de Nigeria, once fallecieron, mientras que otros quedaron con secuelas cerebrales y motrices.
Un ejemplo de este proceso lo tenemos ya en el la Comunidad de Madrid donde los nuevos hospitales privatizados (concesión de su construcción, gestión y explotación a grupos de empresas privadas durante 30-60 años, así como titularidad privada de la infraestructura) empiezan ya a ganar dinero sin atender a pacientes. Su apertura estaba planificada para la primavera de 2007, aún no han sido abiertos y las empresas propietarias han comenzado a ingresar beneficios, sin poner en marcha a los hospitales y sin prestar servicios a la población, ya que sin atender ni a un solo paciente, han cobrado el canon correspondiente al año 2007: 54 millones de € -alrededor de 9.000 millones de las antiguas pesetas-. Esta astronómica cantidad, “regalada” a las empresas privadas, al parecer para que comiencen a repartir beneficios este fin de año entre sus accionistas, es una cantidad similar al coste de obra y equipamiento básico del hospital de Aranjuez (el más pequeño de todos), que ya podría ser público si se hubiera destinado este dinero a pagar dichos costes, y no a los bolsillos de los inversores.
"El derecho a la salud también es calculado y vulnerado en función de los beneficios. La salud ha dejado de ser un bien social, un derecho básico de las personas, para privatizarse también y transformarse en un bien individual, una mercancía más sujeta a las leyes del mercado.
El AGCS (Acuerdo General sobre Comercio y Servicios) de la OMC obliga a los gobiernos a reducir las regulaciones internas que impidan o limiten la implantación de hospitales y servicios sanitarios privados. Este acuerdo puede anular unilateralmente las normativas estatales de los diferentes países que la integran y sancionar a quienes no cumplan sus acuerdos y resoluciones. Además, el AGCS establece todo un conjunto de medidas dirigidas a subcontratar servicios (limpieza, cocina, mantenimiento, historias clínicas, etc.), introducir la gestión privada en los hospitales públicos o potenciar los seguros privados[1].
Se pretende así cambiar la actual orientación de los servicios sanitarios destinada a satisfacer las necesidades de salud de la población por otra dirigida a obtener beneficios económicos privados. Es lógico, dentro de esta filosofía, que “ante un problema primordial de salud como es la cardiopatía isquémica, el sistema de prioridad a la trombolisis, la angioplastia o la cirugía coronaria, mientras coloca en segundo plano a la dieta, el ejercicio físico o la aspirina, que son las medidas más efectivas y de menor coste” (Ponte, 2005, 185). De esta forma, ya no se trata de entrar en el fondo de los problemas reales de salud, pues el propósito es abrir vías para el mercado, orientando la sanidad hacia las transacciones comerciales y el beneficio económico y no hacia la satisfacción de las necesidades humanas, especialmente de las personas más enfermas y con más necesidades de cuidados, que son las que reportan menos beneficios y las que peor encajan en las reglas del mercado.
Se recurre para ello al “mito interesado” de que los sistemas sanitarios públicos son incapaces de producir servicios sanitarios de manera racional y la gestión pública, se mire por donde se mire, es ineficaz.Se argumenta que es necesario rebajar los costes fomentando la competencia de precios entre los proveedores (que basan la reducción de los costes en la rebaja de los salarios y la precarización de los tipos de contratos de sus empleados y empleadas). La gestión privada se dice “es más eficiente”, introduciendo racionalidad administrativa que subordina las decisiones clínicas a los criterios de costes-beneficios. Se pasa, así, de la concepción de paciente a la de cliente.
Las consecuencias son obvias: “deterioro de las condiciones laborales de los profesionales que conduce a la frustración profesional; el predominio de los criterios económicos sobre los asistenciales en la atención a los pacientes, que conduce a la discriminación de los grupos de población más vulnerable y que más necesidad tienen de utilizar los servicios sanitarios (personas enfermas crónicas, población anciana, personas discapacitadas, etc.); el abandono del carácter social y redistributivo de los servicios de salud; y el incremento de los costes administrativos: más gerentes, más burócratas para facturar, cobrar, etc., los servicios prestados. La reducción del gasto público se está realizando a costa de disminuir asistencia y costes laborales, lo que está deteriorando la red sanitaria pública y la calidad de la asistencia. (…) Como consecuencia del deterioro asistencial, el aumento de las listas de espera, la masificación de las consultas o el recorte de las prestaciones gratuitas (copago), la población se ve obligada, cada vez más, a recurrir a la sanidad privada” (Martín, 2005, 447).
Se abandonan las políticas de prevención primaria, de autocuidado, de higiene laboral, ambiental o mental o de promoción de la salud. Se invierten sumas millonarias en genoma o cáncer y se da un manifiesto subdesarrollo de los servicios de salud pública, que en la estructura del gasto sólo llega al 5% del total presupuestario. Las consecuencias de esto es un incremento de los beneficios empresariales y una menor protección social (Ponte, 2005a, 337).
Es ilustrativo, en este sentido, el caso del hospital de la Ribera de Alcira en Valencia (España), donde se cargan los gastos a los erarios públicos y los beneficios se los embolsan las empresas privadas en el mundo de la sanidad. En 1999 la Consejería de Sanidad entregó la gestión de la comarca de la Ribera –250.000 habitantes– a una Unión Temporal de Empresas compuesta por Adeslas, Bancaja, CAM, ACS, Dragados y Lubasa. La inversión en el hospital se había presupuestado en 41 millones de euros y al final costó 72 millones. La asistencia a la población de esta comarca la costearía la Consejería a través de un canon por habitante que se tuvo que elevar debido a la ausencia de beneficios. El gasto en farmacia o las desviaciones presupuestarias las asumiría también la Consejería. Aun así, entre el año 1999 y el 2002 se reconocieron unas deudas de 5,24 millones de euros. La Consejería no “tuvo más remedio” que rescindir el contrato con la UTE asumiendo las pérdidas y pagándolas con dinero público y, acto seguido, abonar a la UTE el importe de la inversión realizada, que ascendió a 43,9 millones de euros, más –en concepto de “lucro cesante”[2]– otros 25,4 millones de euros. El propio Tribunal de Cuentas Valenciano censuró dicha indemnización. Después de esos años de atención sanitaria, no ha disminuido la masificación, ni las listas de espera y, sin embargo, se envían al resto de la red pública los pacientes con procesos más costosos y crónicos mientras se admite hasta el límite de la ocupación a pacientes de fuera de la comarca, a quienes se les factura aparte y en mayor cuantía (Diagonal, 2005, 12 al 25 de mayo, 35).
Mientras, la población del Sur sólo es considerada como “cobayas” para experimentos de los productos destinados principalmente a la población de los países enriquecidos, reduciendo requisitos y costes para su realización y que, además, disponen de una población más dócil, desesperada a causa de la falta de infraestructuras sanitarias locales; población que, una vez comprobados los efectos del producto sobre ella, carece de la capacidad económica para su adquisición[3] (Rey y Rey, 2005, 238).
Estos ensayos clínicos no respetan, en muchas ocasiones, ni la ética ni la seguridad de los pacientes: falta de consentimiento de las personas, información y control terapéutico insuficientes, escaso beneficio para la persona enferma y para la población en general[4]". (Extracto del libro La Globalización Neoliberal y sus repercusiones en la educación" (pgs. 174-178).
[1] El gasto sanitario privado en relación con el PIB ha subido en el 70% de los países de la Unión Europea y el mayor incremento corresponde a España (64,4%). Se externalizan (contratando su servicio a una empresa privada) la mayoría de los servicios –limpieza, laboratorios de análisis, atención domiciliaria, etc.– llegando, incluso, al núcleo básico de la atención sanitaria pública (servicios médicos y de enfermería). Por ejemplo, en España el sistema hospitalario público subcontrata con el sector privado entre el 15% y el 20% de la provisión hospitalaria total, con la excepción de Cataluña, en donde la contratación externa es mucho mayor, dos tercios del total.
[2] Beneficios estimados, esperados por la empresa en su gestión, y no obtenidos.
[3] El argumento es tan manifiesto que ha merecido la atención de un novelista de la popularidad de John Le Carré, que le ha dedicado su novela titulada El jardinero fiel, llevada posteriormente a las pantallas de cine.
[4] En 2004 y 2005 se suspendieron en Camboya, Camerún y Nigeria las pruebas clínicas del Tenofovir®, un antiviral, a causa de graves faltas éticas. Esos experimentos, financiados por el gobierno de Estados Unidos y por la fundación BilI y Melinda Gates, sin embargo continuan en Tailandia, Botswana, Malawi, Ghana y Estados Unidos. En 1996 las pruebas del test del Trovan®, un antibiótico destinado a combatir la meningitis, del laboratorio estadounidense Pfizzer, sobre un total de doscientos niños y niñas de Nigeria, once fallecieron, mientras que otros quedaron con secuelas cerebrales y motrices.
No hay comentarios:
Publicar un comentario